El conflicto entre los presidentes de ambos países, Javier Milei de Argentina y Nicolás Maduro de Venezuela, ha escalado tras el anuncio hecho el miércoles por la Fiscalía venezolana de una solicitud de captura contra Milei, en respuesta al caso del avión venezolano-iraní retenido en Buenos Aires desde 2022 y enviado a Estados Unidos el pasado febrero.
La orden, revelada por el fiscal general venezolano, Tarek William Saab, marca un nuevo hito en la relación diplomática entre estos países latinoamericanos, una crisis que se intensificó desde la asunción de Milei a la presidencia argentina, quien posee diferencias ideológicas a sus antecesores, y que se agravó después de las elecciones presidenciales en Venezuela, donde el Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la supuesta victoria de Maduro, y Argentina fue de los primeros países en desconocer tal resultado.
La solicitud de captura emitida por la Fiscalía de Venezuela también incluye a su hermana, Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
El conflicto se origina en el caso de un avión venezolano-iraní, Boeing 747-300M Dreamliner de carga, cuyos tripulantes fueron sospechosos de espionaje. La aeronave, propiedad de Emtrasur, pariente de la aerolínea venezolana Conviasa, fue retenida en Buenos Aires desde 2022 y enviada a Estados Unidos el 12 de febrero de este año, después de la llegada de Milei al poder, a solicitud de Washington. A pesar de las objeciones del gobierno chavista, que prohibió el uso de su espacio aéreo a aeronaves con destino o procedencia de Argentina un mes después, el avión partió hacia Estados Unidos.
En su declaración, Saab afirmó que el gobierno venezolano tiene el derecho de “ejercer su jurisdicción” como una forma de “defensa frente a acciones que buscan atacar, desconocer y deshonrar responsabilidades penales”. Además, acusó al gobierno de Milei de cometer delitos como “robo agravado, intimidación de capitales, privación ilegítima de la libertad, simulación de hechos punibles, interferencia ilícita, inutilización de aeronaves y asociación para delinquir”.
Ante sus declaraciones, Argentina rechazó las órdenes de arresto, subrayando que “el caso fue resuelto por el Poder Judicial, que es un poder independiente sobre el cual el Ejecutivo no tiene ni debe tener injerencia alguna, en cumplimiento de un acuerdo internacional”.
La Cancillería argentina emitió un comunicado en el que recordó al régimen venezolano que “en la República Argentina prevalece la división de poderes y la independencia judicial, algo que lamentablemente no sucede en Venezuela bajo el gobierno de Nicolás Maduro”.
Esta orden de captura es otro evento durante la crisis diplomática que se agravó aún más con la expulsión de los diplomáticos argentinos de la embajada en Caracas, ordenada por el gobierno de Maduro en respuesta a las denuncias de fraude electoral realizadas por el gobierno de Milei, lo cual resultó en un aumento de tensiones dado que la embajada argentina ofrecía asilo a seis opositores venezolanos y se encontraban siendo intimidados por fuerzas de seguridad del régimen.
En respuesta a esta situación, el gobierno de Brasil asumió la responsabilidad de la embajada a principios de agosto y se comprometió a proteger a los opositores venezolanos refugiados en ella. Sin embargo, esto provocó un nuevo roce diplomático con Venezuela. A inicios de este mes, el gobierno venezolano comunicó su intención de retirar la autorización para que Brasil continuara custodiando la embajada, lo que añadió una nueva dimensión a las crecientes tensiones diplomáticas en la región.