Las tarifas reguladas de gas bajan hasta un 24% en abril, según Facua
Los consumidores acogidos a las Tarifas de Último Recurso (TUR) de gas notarán un alivio en sus facturas este mes de abril. Facua-Consumidores en Acción ha detectado descensos de hasta el 24% respecto al pasado enero, marcando así la primera bajada desde abril de 2024.
En el caso de la TUR 2, destinada a hogares con consumos superiores a los 5.000 kWh al año —como los que usan el gas para agua caliente, cocina y calefacción—, la factura mensual para un consumo medio de 800 kWh cae un 23,6%. En términos concretos, el recibo baja de los 66,04 euros en enero a 50,47 euros este abril.
La TUR 1, aplicable a usuarios con consumos inferiores a 5.000 kWh anuales, también se abarata notablemente. Para un consumo tipo de 400 kWh al mes, la factura pasa de 34,04 a 26,26 euros, lo que supone una reducción del 22,9%.
Esta bajada generalizada se explica por el descenso en el precio del término variable. En la TUR 1, el coste por kWh se ha reducido de 5,75 a 4,38 céntimos antes de impuestos —una caída del 23,9%—, mientras que en la TUR 2 la bajada ha sido del 24,3%, pasando de 5,65 a 4,27 céntimos.
Por el contrario, la parte fija de las tarifas se mantiene sin cambios desde octubre de 2024: 3,26 euros para la TUR 1 y 5,66 euros para la TUR 2, también sin impuestos incluidos.
Facua recuerda que esta es la primera revisión a la baja desde que expiró, hace justo un año, la medida gubernamental que aplicaba un IVA reducido al gas natural. Tras permanecer congeladas en julio de 2024, las tarifas habían experimentado sucesivos incrementos, culminando en los máximos de enero de 2025.
Ante este nuevo escenario, la asociación reclama al Gobierno una política fiscal más estable que consolide un IVA reducido o superreducido de manera permanente para el gas natural doméstico. En este sentido, Facua insiste en que el ahorro en el IVA no debe ser una medida coyuntural, sino estructural.
Además, insta al Ejecutivo a reforzar la protección al consumidor, intensificando la lucha contra fraudes en el sector —como ofertas engañosas o incumplimientos contractuales— y reformando el bono social energético, de forma que llegue a más familias en situación de vulnerabilidad.
