Estados Unidos deporta a 17 presuntos miembros del Tren de Aragua y la MS-13 a El Salvador
Esta deportación se produce en un momento en el que la Administración de Donald Trump aún mantiene pendiente en los tribunales una causa sobre la expulsión de más de 200 venezolanos este mismo mes.
El secretario de Estado, Marco Rubio, ha confirmado la operación y ha señalado que entre los deportados figuran "asesinos y violadores", a quienes ha calificado de "criminales violentos". Según Rubio, esta acción forma parte de "una exitosa operación antiterrorista", cuyo objetivo es proteger a las comunidades estadounidenses.
Cooperación con El Salvador
Rubio ha subrayado la colaboración entre Washington y San Salvador en esta iniciativa y ha expresado su agradecimiento al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, por su "incomparable alianza en la lucha contra el crimen transnacional".
Por su parte, Bukele ha celebrado la expulsión de los detenidos, a quienes ha definido como "criminales extremadamente peligrosos". Según ha publicado en su cuenta de la red social X, "todos los individuos son asesinos y destacados delincuentes, incluidos seis violadores de niños".
¡BUKELE ES UN PUTAS!
17 criminales de MS-13 y Tren de Aragua, incluidos 6 violadores de niños, fueron entregados en operación conjunta con EE.UU DIRECTO AL CECOT. ¿Cuándo copiamos ese modelo en Colombia? pic.twitter.com/VYMwohuqR9— Adriana Martinez (@Adrianaveterin2) March 31, 2025
Un proceso judicial aún abierto en EE.UU.
A pesar de la ejecución de estas deportaciones, Estados Unidos sigue envuelto en una batalla legal relacionada con la expulsión de migrantes vinculados a estos grupos criminales. A comienzos de mes, el país ya había enviado a El Salvador a más de 200 migrantes, supuestamente afiliados a las mismas organizaciones, lo que desató una disputa judicial.
Un juez federal dictó una orden para paralizar estos traslados, generando un conflicto con la Administración Trump. En respuesta, el presidente de EE.UU. solicitó la destitución del magistrado, al considerar que interfería en decisiones de seguridad nacional.
En este contexto, el Departamento de Justicia estadounidense ha elevado el caso al Tribunal Supremo, con el objetivo de que anule la orden que restringe las deportaciones. Para ello, la Administración se ha basado en la Ley de Enemigos Extranjeros, una normativa del siglo XVIII que otorga poderes especiales al presidente en situaciones de conflicto.
Con esta medida, Washington refuerza su estrategia de endurecimiento de la política migratoria y lucha contra el crimen organizado, a la espera de una resolución definitiva en los tribunales.
