La Fiscalía francesa solicita 7 años de cárcel para Sarkozy por la financiación libia de su campaña de 2007
La acusación considera que ha quedado demostrado que su campaña presidencial de 2007 se benefició de financiación procedente del régimen libio de Muamar el Gadafi, en un presunto pacto de corrupción sellado años antes de su llegada al Elíseo.
La petición de los fiscales se convierte en la más severa de las formuladas contra los doce procesados en esta causa, que arrancó el pasado 6 de enero y cuyo desarrollo, según el Ministerio Público, ha permitido acreditar la implicación directa del exmandatario.
Además de Sarkozy, el fiscal Quentin Dandoy reclamó penas de prisión para tres antiguos ministros del Gobierno francés: Claude Guéant (seis años), Brice Hortefeux (tres) y Éric Woerth (uno). Durante su intervención ante el tribunal, Dandoy fue contundente al señalar la “implicación total” del expresidente en el mecanismo de financiación que, según sostiene, se organizó de forma deliberada para ocultar sus huellas. “Todo estaba pensado para que no apareciera”, afirmó el fiscal, aludiendo a la ausencia de pruebas directas contra Sarkozy.
No obstante, el representante del Ministerio Público aseguró que el sumario y el transcurso del juicio han permitido reunir “un conjunto de indicios” suficientemente sólidos como para “caracterizar” los delitos atribuidos al exjefe del Estado.
Entre los elementos que refuerzan la acusación, Dandoy subrayó el papel clave desempeñado por Ziad Takieddine, a quien calificó como “el agente de corrupción omnipresente” en los contactos entre Sarkozy y el régimen libio tras su nombramiento como ministro del Interior en 2005. En lugar de recurrir a los cauces diplomáticos habituales, el político conservador habría optado por establecer vínculos directos y opacos con Trípoli, utilizando como intermediarios a sus colaboradores más cercanos: Claude Guéant, entonces jefe de gabinete, y Brice Hortefeux, secretario de Estado en su Ministerio.
Sarkozy acude al Tribunal Europeo de Derechos Humanos
En paralelo a este proceso, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) confirmó este miércoles que ha recibido una solicitud de Sarkozy, relativa a la sentencia dictada en diciembre de 2023, que le condenó a un año de prisión por corrupción y tráfico de influencias en el caso conocido como de las escuchas telefónicas. La petición fue registrada el 20 de marzo.
El abogado del exmandatario, Patrice Spinosi, ya había avanzado a finales del año pasado que su cliente aceptaría la condena, aunque tenía previsto recurrir al tribunal de Estrasburgo “para obtener la garantía de los derechos que los jueces franceses le han negado”.
Sarkozy, actualmente procesado por varios delitos —corrupción, financiación ilegal de campaña electoral, recepción de fondos públicos sustraídos y asociación para delinquir—, se enfrenta a una posible pena acumulada de hasta diez años de prisión, una multa de 375.000 euros y una inhabilitación de cinco años para ejercer el derecho al voto.
