El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha dictado una Orden de la que se deriva la creación de un Comité Antifraude en su departamento. Una cuestión que ya se recogía en el Plan de Medidas Antifraude aprobado por el propio Ministerio en 2022.
El Comité tendrá un carácter temporal y desaparecerá una vez cumplida su misión. Su constitución y funcionamiento será atendido con los medios materiales y personales del Ministerio, por lo que no supondrá un gasto adicional.
¿Por qué se ha creado el Comité Antifraude?
El Reglamento sobre el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establece que los Estados miembros, como beneficiarios o prestatarios de los fondos que forman parte de dicho Mecanismo, deben adoptar todas las medidas que sean necesarias y adecuadas para asegurar que el uso de los fondos europeos se ajusta a la normativa europea y nacional. Especialmente para prevenir, detectar y corregir el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses.
Para hacer efectiva esta obligación, la Orden que reguló el sistema de gestión del Plan de Recuperación español, estableció que todas las entidades, decisoras o ejecutoras, que tomaran parte en la ejecución de medidas de dicho Plan, debían contar con un sistema antifraude que garantizara una correcta gestión de los fondos. Precisamente por ello, el Ministerio de la Seguridad Social aprobó en mayo de 2022 su Plan de Medidas Antifraude, que ya contemplaba la creación del Comité.
La misión del Comité Antifraude
El principal objetivo de este organismo es diseñar la estrategia de lucha contra el fraude que se seguirá en el Ministerio de cara a la ejecución de los fondos europeos. Y también se encargará de hacer el seguimiento, actualización y evaluación del Plan de Medidas Antifraude.
Su constitución debe hacerse en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Orden Ministerial que lo crea (viernes 21 de junio), y funcionará en Pleno y en grupos de trabajo, para dotar de mayor agilidad a las labores que tiene que asumir.
Los grupos de trabajo se crearán por acuerdo expreso adoptado por la mayoría de los miembros del Comité. El Pleno, por su parte, se reunirá como mínimo una vez al año en sesión ordinaria. Además, se celebrará sesión extraordinaria cuando lo determine la presidencia por su propia iniciativa o a petición de una tercera parte de los miembros del Comité.
Su presidente será el titular de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. El vicepresidente será el subdirector general de Coordinación y Seguimiento de Fondos Europeos, y los vocales serán designados al efecto.
Aunque el Comité tiene un carácter temporal, no se ha establecido para él un tiempo de vigencia determinado. Se extinguirá una vez que haya cumplido las funciones que se le han encomendado.
La Unión Europea lucha contra el gasto indebido de los fondos europeos
La creación del Comité Antifraude en el Ministerio de la Seguridad Social es una medida más dentro de las que impone Bruselas para garantizar un buen uso de los fondos europeos. Porque existe una creciente preocupación sobre los fines a los que va destinado el dinero, y lo que se tarda en recuperar el que se ha gastado indebidamente.
Un reciente informe del Tribunal de Cuentas de la UE sobre gastos irregulares, establece que el gasto indebido de dinero comunitario llevado a cabo entre 2014 y 2022, asciende a 14.000 millones de euros.
El documento también destaca que se tarda mucho tiempo en recuperar esos fondos y, de hecho, entre un 1% y un 8% no se llegan a recuperar jamás.
El Tribunal de Cuentas manifiesta que la recuperación de ese dinero es esencial para garantizar la integridad financiera y el buen funcionamiento del sistema de control interno de la Unión Europea. Se trata de un procedimiento que implica pedir el reembolso del importe pagado al organismo o al beneficiario, una vez que ha quedado acreditado que no se cumplían los requisitos para acceder a esa financiación. Un proceso largo que tarda hasta 23 meses para solicitar la devolución, y unos cinco meses adicionales más para recuperar el dinero.
Para solucionar este problema, lo que propone el Tribunal de Cuentas es reducir el tiempo que es necesario para determinar que existe un gasto irregular e iniciar el procedimiento de recuperación. Lograrlo requiere mejorar la planificación de las auditorías, examinar el impacto financiero de los gastos irregulares sistemáticos y volver a introducir el sistema de incentivos para los Estados miembros que consigan recuperar los fondos repartidos indebidamente.