Nada más asumir su cargo como presidente de Estados Unidos, una de las primeras medidas puestas en marcha por Donald Trump fue ordenar la deportación de los ciudadanos que se encuentran en territorio estadounidense en situación irregular.
En tan solo unas semanas miles de personas han sido expulsadas del país, y los especialistas creen que esta medida puede acabar provocando una crisis en el empleo nunca antes vista en Estados Unidos.
Los empresarios llevan meses alertando del riesgo
El pasado mes de noviembre, cuando Trump ganó las elecciones, líderes empresariales de todos los signos políticos solicitaron al presidente electo que no materializara su promesa de expulsar a los migrantes porque esto podría causar una profunda crisis en la economía, especialmente en el sector agrícola y el de los servicios.
«Los datos muestran que más del 54% de nuestros empleados son indocumentados. Si van a deportar a todos, estos restaurantes tendrán una pérdida masiva de ingresos y caerán. Es insostenible. Creo que el presidente Trump, como empresario, lo entiende», afirmó en ese momento Sam Sánchez, mexicanoamericano dueño de varios negocios de restauración en Illinois y miembro del consejo de la Asociación Nacional de Restaurantes.
Bob Worsley, exsenador republicano de Arizona y copresidente de American Business Immigration Coalition (ABIC) destacó en ese momento que «en este nuevo panorama, es vital que empleadores como nosotros interactúen y eduquen a esta nueva Administración y al Congreso sobre la urgencia de adoptar políticas que estabilicen la fuerza laboral».
Worsley, que es empresario del sector de la construcción, recuerda que la política de «Muéstrame los papeles» aplicada entre 2007 y 2016 provocó que un 40 % de los inmigrantes indocumentados abandonaran el Estado de Arizona, lo que redujo el PIB del Estado un promedio del 2 % anual y causó una caída del empleo del 2,5 % con respecto a lo que habría sido esperable si no se hubiera producido la expulsión.
Los economistas creen que las deportaciones que se están llevando a cabo en la actualidad pueden provocar una caída del PIB de entre un 2,6 % y un 6 %, lo que supondría una pérdida de entre 711.000 millones y 1,6 billones de dólares al año.
Desplome del crecimiento de la población activa
Según un informe de Capital Economics, se podrían realizar hasta 500.000 deportaciones al año, lo que provocaría que el crecimiento de la población activa fuera casi nulo en los próximos años.
«La inmigración ha representado alrededor de cuatro quintas partes del crecimiento de la oferta laboral estadounidense en los últimos años y ha sido una razón clave por la que el crecimiento económico se ha mantenido relativamente boyante, incluso cuando la Reserva Federal ha elevado los tipos de interés a máximos generacionales para reducir la inflación», señala Neil Shearing, economista de Capital Economics.
El informe de la firma británica destaca que «si la pandemia nos ha enseñado algo es que el ajuste a los nuevos equilibrios rara vez es fluido y es probable que los sectores que dependen en gran medida de la mano de obra migrante (construcción, agricultura, ocio y hostelería) se enfrenten a un aumento de los costes que probablemente se refleje en precios más altos. En conjunto, las medidas migratorias que se están barajando representarían un golpe estanflacionario potencialmente significativo para la economía estadounidense».
Esto podría hacer resurgir la guerra por el talento que ya se vivió entre 2021 y 2023, cuando se produjo el fenómeno conocido como la «Gran dimisión», en el que muchas personas dejaron sus puestos de trabajo ante la seguridad de que podrían encontrar fácilmente otro empleo. Esto obligó a las empresas a subir los salarios para aumentar la tasa de retención de trabajadores y ha provocado que, hasta el día de hoy, los costes laborales crezcan a un ritmo interanual más elevado que antes de la pandemia.
Con menos fuerza laboral disponible, para las empresas puede ser todavía más complicado cubrir las vacantes disponibles, lo que puede incrementar de nuevo sus costes.
El equipo de ING, con James Knightley a la cabeza, también ha llegado a una conclusión similar. «La reducción de la inmigración y la repatriación forzosa podrían convertirse en una importante limitación para la economía estadounidense, sobre todo en sectores como la agricultura. El número de trabajadores nacidos en EEUU está disminuyendo y es un millón inferior al de 2019. La tendencia a la baja en las tasas de natalidad de EEUU sugiere pocas perspectivas de un cambio de tendencia impulsado por la demografía.
El crecimiento del empleo proviene de los trabajadores nacidos en el extranjero, que ahora representan el 19,5% de todos los empleados estadounidenses. Si la mano de obra nacida en el extranjero también disminuye, podría plantear importantes retos a la oferta, haciendo subir los salarios y la inflación. Para contrarrestarlo, la productividad tendría que aumentar sustancialmente. Además, un menor número de personas activas en el país supondría una reducción de la demanda económica».