Este pacto no exime completamente a la familia de futuras demandas civiles.
La farmacéutica estadounidense Purdue Pharma y la familia Sackler, dueños de la compañía, han firmado un nuevo acuerdo judicial por un valor de 7.400 millones de dólares (unos 7.099 millones de euros) para enfrentar las demandas relacionadas con su implicación en la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. Este pacto, que sustituye al anulado en 2024 por el Tribunal Supremo, introduce una novedad significativa: los Sackler no estarán totalmente blindados ante posibles juicios civiles futuros.
Los opiáceos, el gran problema de salud en el punto de mira de Sanidad
El acuerdo llega tras años de disputas legales y reemplaza el pacto previo de 6.000 millones de dólares que contemplaba la reestructuración de Purdue Pharma y su declaración de quiebra, un movimiento que habría protegido a la familia Sackler de nuevas demandas a cambio de su contribución económica. Sin embargo, el Supremo determinó que dicho blindaje no era legal, obligando a las partes a renegociar.
Comercialización de Oxicodona
La compañía Purdue Pharma, conocida principalmente por fabricar y comercializar el medicamento OxyContin, está acusada de haber agravado la crisis de opiáceos en Estados Unidos al minimizar los riesgos de adicción asociados al fármaco e incentivar su prescripción masiva. Esta estrategia comercial, que priorizó los beneficios económicos, provocó un aumento alarmante de las adicciones, sobredosis y muertes relacionadas con los opiáceos en todo el país.
La fiscal general del Estado de Nueva York, Letitia James, ha sido una de las figuras más críticas con la familia Sackler y su papel en la crisis. «La familia Sackler persiguió implacablemente el lucro a expensas de los pacientes vulnerables y desempeñó un papel fundamental en el inicio y el impulso de la epidemia de opiáceos«, declaró James en un comunicado. A pesar de ello, subrayó que el nuevo acuerdo permitirá que los fondos lleguen a las comunidades más afectadas: «Aunque ninguna cantidad de dinero podrá reparar completamente el daño causado, esta afluencia masiva de recursos proporcionará apoyo a las comunidades que lo necesitan para sanar.»
Recursos para la recuperación ante los opiáceos
El dinero recaudado en este acuerdo será destinado, en su mayoría, a programas de rehabilitación, tratamiento y prevención de adicciones en las comunidades más afectadas por la epidemia. La crisis de los opiáceos, que ha dejado cientos de miles de muertos en Estados Unidos en las últimas dos décadas, se ha convertido en una emergencia de salud pública de enormes proporciones.
La epidemia tuvo su origen en la década de 1990, cuando empresas como Purdue Pharma comenzaron a promocionar agresivamente analgésicos como el OxyContin, asegurando falsamente que tenían un bajo riesgo de dependencia. Estas afirmaciones llevaron a una prescripción descontrolada del medicamento, que, combinado con otros opiáceos, desencadenó un problema masivo de abuso y dependencia.
Además de la compensación económica, este caso pone en cuestión el papel de las grandes farmacéuticas en la regulación de medicamentos y en el impacto social de sus productos. El acuerdo alcanzado se considera un paso hacia la responsabilización de las corporaciones por sus acciones, aunque no exime de críticas hacia los Sackler, quienes todavía poseen una considerable fortuna familiar.
Un precedente judicial
El fallo del Tribunal Supremo y el nuevo acuerdo marcan un precedente importante en la gestión legal de las crisis provocadas por prácticas empresariales negligentes. La decisión de no blindar completamente a la familia Sackler frente a futuras demandas podría abrir la puerta a nuevos litigios, en un intento de las autoridades por asegurar una reparación justa para las víctimas de la crisis de los opiáceos.
Este caso también sienta las bases para que futuras políticas de salud pública y justicia penal tengan como objetivo frenar la comercialización irresponsable de medicamentos, garantizando un mayor control sobre la promoción y distribución de sustancias con alto riesgo de adicción.
La crisis de los opiáceos en Estados Unidos sigue siendo un tema candente que afecta a millones de familias, y aunque este acuerdo no puede borrar las devastadoras consecuencias de décadas de negligencia, supone un paso adelante en la búsqueda de justicia y apoyo para las comunidades más golpeadas por esta tragedia.