Más de cuatro años después de la pandemia de COVID-19, el Gobierno ha confirmado que más de 45.000 autónomos tendrán que devolver las ayudas que percibieron en su momento por el cese de actividad.
Los datos son todavía provisionales y se basan en las investigaciones llevadas a cabo por las Mutuas Colaboradoras de la Seguridad Social.
Las notificaciones ya están llegando
Hace algunas semanas que los autónomos están recibiendo cartas de las mutuas reclamando el envío de documentación para acreditar que en su momento cumplían los requisitos para acceder a las ayudas puestas en marcha por el Gobierno.
De los casi 1,5 millones de trabajadores por cuenta propia que recibieron las ayudas, una gran parte van a tener que aportar justificantes y documentación para demostrar que cumplían con los requisitos para acceder a ellas. Si no logran hacerlo, tendrán que devolver lo que percibieron.
Desde la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) manifiestan «mucha gente se está asustando por esto, y es normal, no deja de ser una notificación por unas ayudas de hace años. Pero la realidad es que es algo muy normal y que, además, se está resolviendo de forma muy favorable para los autónomos» y añaden «desde que salieron las ayudas sabíamos que tarde o temprano se iban a tener que justificar. Todos pedimos que se agilizasen al darlas y eso hizo que se pospusiesen estos pasos. Pero el momento ha llegado y lo importante es que los profesionales sepan que solo han de justificar que cumplen con los requisitos».
Con base en los cálculos de ATA, el 10 % de los perceptores (150.000 profesionales) tendrían que devolver el dinero. Sin embargo, el Gobierno calcula que serán un 3 %, unos 40.000 autónomos.
Las cifras del Tribunal de Cuentas no coinciden con ninguna de las anteriores. Para este organismo, es posible que hasta 281.000 autónomos recibieran en su momento ayudas a las que realmente no tenían derecho.
Causas de devolución de las ayudas
La razón que lleva a obligar a los perceptores a la devolución de las ayudas es la falta de cumplimiento de los requisitos exigidos.
Las más habituales son no estar de alta en la Seguridad Social en el momento de cursar la petición; no estar al corriente de pago de las cuotas de Seguridad Social, no haber suspendido realmente la actividad económica durante la emergencia o haber superado el límite de ingresos establecido.
Gestión de la devolución de las ayudas
Por la urgencia que había en aquel momento, el Gobierno optó por entregar las ayudas sin realizar controles exhaustivos. Confirmando que la verificación del cumplimiento de los requisitos se haría a posteriori, que es lo que se está haciendo ahora.
La normativa fue tan improvisada que de hecho se tuvo que corregir a través de varios decretos ley, lo que acabó generando todavía más confusión entre los autónomos. Por eso, muchos de ellos pidieron las subvenciones pensando que tenían derecho a ellas, cuando en realidad no era así.
El Tribunal de Cuentas ya advirtió en su momento que la gestión de las ayudas adolecía de una escasa y poco clara regulación jurídica. Y señaló que las modificaciones posteriores eran «insuficientes e imprecisas».
Todo esto ha provocado una situación caótica que ha llevado a Hacienda a tener que revisar todas las declaraciones de los perceptores de las ayudas desde el año 2020.
Quienes percibieron ayudas a las que no tenían derecho van a tener que devolver lo cobrado indebidamente, incluso si a día de hoy ya no ejercen la misma actividad económica.
Para facilitar la devolución, la Seguridad Social ha puesto en marcha una serie de medidas que incluyen el alargamiento de los plazos máximos para pagar, la reducción de los importes mínimos a abonar y el fraccionamiento del reembolso.
Los autónomos tienen hasta 60 meses para hacer la devolución, y la cifra mínima mensual que pueden pagar es de 100 euros.
En caso de que por cualquier motivo la Seguridad Social deniegue la solicitud de aplazamiento, los afectados tendrán 15 días para ingresar el importe total de lo adeudado.
Frente a esta situación, algunos autónomos han puesto en marcha acciones legales y ya hay sentencias que les han dado la razón. Una de las últimas ha sido dictada por el Juzgado de lo Social nº 18 de Madrid, que ha reconocido el derecho de una autónoma a percibir las ayudas de la Covid, al haber podido demostrar esta que sus ingresos habían caído de forma drástica por las medidas restrictivas impuestas por el Gobierno.